La entidad trasladará esta petición al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en una reunión prevista para la próxima semana. La propuesta parte de la preocupación expresada por el sector cooperativo ante el uso sin límite de cantidad de este mecanismo de importación.

En una carta remitida a la Consejería, el portavoz sectorial del aceite de oliva de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Gregorio Gómez, solicita que se plantee al Ministerio el inicio del procedimiento para suspender el TPA, al amparo del artículo 195 del Reglamento europeo 1308/2013. Esta normativa contempla que la Comisión Europea pueda suspender total o parcialmente este régimen, bien por iniciativa propia o a petición formal de un Estado miembro.

Cooperativas cuestiona el uso estructural del régimen

La organización sostiene que el TPA fue concebido para situaciones excepcionales de falta de materia prima y considera que su utilización actual ha adquirido un carácter estructural. Según explica, los exportadores están adquiriendo grandes cantidades de aceite tunecino para acondicionarlo y reexportarlo a Estados Unidos, evitando así los aranceles aplicados por este país al aceite de oliva procedente de la Unión Europea.

A juicio de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, esta operativa está alterando el funcionamiento del mercado y perjudicando las compras de aceite español. La entidad vincula esta situación con la evolución de las cotizaciones y del volumen de operaciones en los mercados de referencia.

Según los observatorios públicos de precios citados por la organización, el aceite de oliva virgen extra se sitúa esta campaña un 25% por debajo de la media de los dos últimos años. Cooperativas también señala una fuerte reducción del volumen negociado en los pools de referencia españoles e italianos, pese a que las existencias de enlace de campaña son ajustadas después de la baja producción registrada en la campaña 2025-2026.

Con la petición de suspensión del TPA, la organización pretende que Castilla-La Mancha adopte una posición común ante el Ministerio para defender los intereses de su sector oleícola, en una región que ocupa el segundo puesto nacional en producción de aceite de oliva.